Derechos Humanos de las víctimas del delito.

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Mtra. Tania Elsa Reyes Reyes

  Con la Reforma Constitucional de junio de 2008, el papel de las víctimas del delito en el proceso penal tuvo un gran avance, ya que entre otras cosas, se reconoció a éstas como sujetos procesales dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con ello se ha dado un importante paso para garantizar los derechos humanos de quien ha sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte(definición de víctima tomada del artículo 4 de la Ley General de Víctimas).

  Históricamente, en el Sistema de Justicia Penal en México, la víctima había sido limitada en su posibilidad de participar activamente en el proceso penal y con ello existía un nulo reconocimiento a sus derechos humanos.

¿Cuáles han sido los avances constitucionales que se han hecho para reconocer los derechos humanos de las víctimas del delito?

  No fue sino hasta 1993, con la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, que se comenzaron a reconocer Constitucionalmente los derechos humanos de las víctimas y ofendidos del delito, mediante la adición de un párrafo al artículo 20: “En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.”

  Esta reforma, constituyó un primer y muy importante –aunque tardío- reconocimiento a los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de un delito. Sin embargo, aún no era suficiente.

El 31 de diciembre de 1994, se publica en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual se reforman varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el art. 21, en el que se anexa un párrafo cuarto que consagra el derecho que tiene la víctima y el ofendido de impugnar por vía jurisdiccional, en los términos que establezca la ley, las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal.  Dicha facultad de la víctima o el ofendido, permitía acabar con el llamado “monopolio del ejercicio de la acción penal” que tenía el Ministerio Público.

  Pero el pleno reconocimiento de los derechos humanos de la víctima y el ofendido del delito, se dio hasta el 21 de septiembre de 2000, cuando el artículo 20 fue reformado para garantizar, desde el inicio de su redacción y con la incorporación de un párrafo B, los derechos humanos de la víctima y ya no solamente del inculpado, los cuales quedaron consagrados en el párrafo A del artículo en comento.

¿Qué derechos se reconocieron en esta reforma del año 2000?

  1. A recibir asesoría jurídica.
  2. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución.
  3. Ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
  4. Coadyuvar con el Ministerio Público.
  5. Que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso.
  6. Que el Ministerio Público funde y motive su decisión cuando determine que no es necesario el desahogo de alguna diligencia.
  7. Recibir atención médica y psicológica de urgencia, desde el momento en que se cometió el delito en su contra.
  8. Que se le repare el daño
  9. Si la víctima es menor de edad, no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de delitos de violación y a solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

  Sin embargo, la reforma más importante al artículo 20 Constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, misma que no solo reconoció a la víctima como sujeto procesal, sino que transformó todo el Sistema de Justicia Penal del país, transitando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, lo que sin duda, garantiza en mayor medida los derechos humanos.

  Dicho artículo 20 fue estructurado en tres apartados; el Apartado A señala los principios generales del proceso; el Apartado B concentra los derechos de toda persona imputada y finalmente el Apartado C consagra los derechos de la víctima o del ofendido.

¿Qué derechos humanos de la víctima se agregaron al Apartado C?

  1. A intervenir en el juicio e interponer recursos en los términos que prevea la ley.
  2. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
  3. A que el Ministerio Público garantice la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso.
  4. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

  Sin lugar a dudas, con estos avances constitucionales en materia penal, con la reforma en materia de derechos humanos de 2011 y con la promulgación de la Ley General de Víctimas, se han sentado las bases para el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas, pero aún hay mucho trabajo por hacer.

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